El Derecho de NO Asociación Sindical

POR DANIEL M. FERRERE - El Observador - 06/02/2010

Mi columna de la semana pasada no le gustó a los que habitualmente me hacen el control de calidad. ¿A quién le importa el análisis teórico de las virtudes del corporativismo o del individualismo? Lo importante son los hechos, no las teorías, me dijeron. Personalmente discrepo con eso (siempre lo hago cuando me critican), pero si hay gente inteligente que piensa así hay que prestar atención. Trataré, entonces, de bajar a tierra.

La concepción corporativista es atractiva porque reduce los problemas complejos por vía de sacar gente para afuera. Deja afuera a quienes son receptores y no actores de la discusión. Deja afuera a los que, siendo parte de de la corporación, discrepan con los representantes. Deja afuera a los que no integran la corporación. Y transfiere parte del poder público del gobierno a la corporación, haciendo que esta se vuelva parte del juego político y permitiendo que genere estímulos y castigos en función de sus intereses, no los de la sociedad.

Empecemos entonces por el mundo del trabajo. La izquierda identifica trabajadores con sindicatos, lo que es múltiplemente falso. Pero eso permite perjudicar, ignorar y postergar a los que aspiran a un trabajo y no lo tienen, a los que no integran un sindicato porque discrepan con su ideología, y a los que lo integran pero son minoritarios en la corporación, pese a que en un Estado democrático y liberal unos y otros deberían tener los mismos derechos. En un Estado de concepción corporativa como el nuestro, sin embargo, los trabajadores a) empleados, b) sindicalizados, y c) que conforman la mayoría del sindicato, son ciudadanos de primera; los demás son de segunda.

Los colegas de Búsqueda publicaron la semana pasada una sentencia de un tribunal que condenaba al sindicato portuario a no bajar más de los barcos a golpes a los trabajadores no sindicalizados, y a no negarles el carné de acceso al puerto de modo de impedirles llegar siquiera a los barcos. La situación parece increíble, pero no es más que la consecuencia de lo que decimos arriba. Transferir parte del poder estatal a los sindicatos lleva naturalmente a que los sindicatos usen parte de ese poder en su propio interés.

Pero eso es solo un ejemplo, y hay muchos más. Durante los últimos cinco años se desarrolló una batalla judicial respecto de las ocupaciones de empresas, que la prensa ha recogido. La ocupación no es una medida de lucha contra la empresa, sino contra los trabajadores disidentes. Lo que pretende no es parar la empresa, si no hubiera trabajadores dispuestos a trabajar, la ocupación no sería necesaria. Lo que pretende es que los que no están de acuerdo con la huelga –los disidentes y los no agremiados– puedan trabajar. Es una lucha de unos trabajadores contra otros, en la que la empresa solo es telón de fondo. Y en esta lucha el gobierno apoya siempre a las corporaciones en perjuicio de los disidentes, con posiciones que han ido de la abierta coparticipación a la indiferencia.

Los tribunales pusieron un poco de orden, disponiendo que cuando la mayoría de los trabajadores quieren trabajar la empresa debe desalojarse, aunque el sindicato no quiera y al gobierno no le guste. Pero la posición de la Justicia, hasta hoy, sigue siendo corporativa. ¿Por qué desocupar únicamente cuando la mayoría no está de acuerdo? ¿Es que el trabajador individual que quiere trabajar tiene menos derecho que el que integra la mayoría? La Constitución de la República reconoce tanto el derecho de asociación como el derecho de no asociarse y el derecho al trabajo. ¿Por qué, entonces, el individuo que pretende ejercer su derecho de trabajar y no asociarse, discrepando con el sindicato, no puede hacerlo? En la concepción corporativa, los derechos colectivos “valen más” que los derechos individuales, y por ende el trabajador agremiado “vale más” que el no agremiado. Aunque eso no sea lo que dice la Constitución.

Lo mismo pasa en otros ámbitos. Cuando una empresa tiene que reducir personal, los sindicatos suelen pactar con las empresas que estas despidan a los no agremiados, y así se hace frecuentemente. El gobierno a veces no dice nada, y otras veces se complace abiertamente, porque así se castiga a los carneros que no se agremian. Entendemos a los sindicatos. Lo que no entendemos es la indiferencia de quienes deben hacer cumplir la ley. Porque eso es una violación manifiesta del derecho de no asociación, contrapartida natural del derecho de asociarse. Si despedir solo a trabajadores sindicalizados es una violación del derecho de asociación, despedir solo a no sindicalizados ¿no es violatorio del derecho correlativo inverso? Discriminar contra los agremiados no es más ilegal que discriminar contra los no agremiados, y cada vez que el gobierno amenaza a los que hacen una cosa y se regocija cuando hacen la otra, muestra que unos ciudadanos valen más que otros.

En estos días se publicó que la planta que ensambla los automóviles Chery, en Pan de Azúcar, cerraría porque no alcanza ni la mitad de la productividad que se consigue en Brasil. El sindicato, por supuesto, en huelga y con ocupación. Los trabajadores que están dispuestos a trabajar con la productividad necesaria, por supuesto, no le interesan a nadie. Que la empresa y el sindicato luchen entre sí hasta que uno gane y otro pierda, de manera que los disidentes, los no agremiados, los que no tienen trabajo, y por supuesto el resto del país, se embromen. No están agremiados, así que sus derechos e intereses valen menos.

Lo anterior puede repetirse al infinito. En la polémica educativa los intereses de los agremiados valen muchísimo más que los de todos los demás. La solución corporativa es: convoquemos a docentes, funcionarios, estudiantes y al gobierno, suponiendo que con eso quedan representados los estudiantes, los padres que ponen a sus hijos en manos del sistema, los maestros y profesores más interesados en sus estudiantes que en la lucha política y sindical, y el futuro del país. Eso, sin embargo, no es verdad. Pero el gobierno –este y cualquier otro– siempre prefiere la paz, y la forma más fácil de conseguirla es sacrificando a aquellos cuyas voces se escuchan más débilmente.

Es hora de dar la lucha por los individuos frente a las corporaciones. Eso es, llevado a la práctica, lo que quisimos decir. En individuo es la base de la sociedad. El individuo es titular de la libertad, y tiene tanto derecho de estar de acuerdo como de discrepar. El individuo tiene derechos que la Constitución le reconoce como propios, y que la alianza non sancta entre gobiernos y corporaciones le ha ido expropiando. La sociedad ya no es masa. Los gobiernos deberían darse cuenta que la cosa ha ido demasiado lejos y que es hora de defender al hombre frente a las corporaciones